La resistencia de los periodistas exiliados no es suficiente

Por Cecibel Romero

“Una de las razones por las que yo salí hasta el final y me mantuve clandestino es porque yo soy de los que quiero estar en el campo para contar las cosas. Y al salir de Nicaragua yo sentí que perdíamos una parte clave de todo lo que un buen reportero necesita tener que son los ojos”.

El fin del trabajo de campo en su país para Moisés Martínez, editor general del medio digital Divergentes, se concretó el 13 de mayo de 2024. Sin embargo, el éxodo de su redacción hacia Costa Rica había comenzado mucho antes: en 2021.

“Al inicio, cuando llegué a Costa Rica, sentí una mezcla de frustración y enojo… pero me dije: Yo no voy a darles el gusto de dejar de hacer periodismo como siempre lo he hecho, contando el país sin ataduras, sin censura”, añade Martínez.

Desde el exilio, la tarea se complica porque al cerco informativo impuesto por el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega, desde hace 20 años, se suma la distancia y la necesidad de invertir más tiempo en verificar la información que llega a través de terceros, el monitoreo del discurso oficial y las redes sociales.

La persecución contra medios independientes se intensificó tras la crisis social y política de 2018. Según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) el gobierno ha cerrado 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y Trinchera de la Noticia.

Desde entonces, la vigilancia constante, las amenazas directas y la criminalización de la práctica periodística obligaron a más de 300 reporteros nicaragüenses al exilio, según ha documentado FLED. Pero el intento de acallar las voces que relatan la otra cara de la propaganda gubernamental no ha sido totalmente exitoso.

Algunos periodistas han logrado seguir ejerciendo a través de plataformas digitales, como Donaldo Hernández, excolaborador de 100 % Noticias. Al llegar a Costa Rica en 2022, Hernández continuó como corresponsal de Voz de América hasta marzo de 2025, cuando la cadena cerró sus operaciones como parte de los recortes ordenados por el gobierno de Donald Trump.

Junto a cuatro colegas fundó el medio Realidades.net, para seguir haciendo memoria y contando las violaciones de derechos humanos que ocurren en su país. Mantienen ese esfuerzo con subvenciones y becas, aunque Hernández reconoce que la mayoría tiene que dedicarse a labores fuera del periodismo para sobrevivir. Solo él y otro colega están a tiempo completo: “Sentimos un profundo compromiso por seguir haciendo periodismo. Sabemos que la ciudadanía no tiene opciones para informarse y nos demuestran, con cada reproducción y con cada donación a nuestro canal, que nuestro trabajo vale la pena”, comenta Hernández.

Su dinámica de trabajo también cambió drásticamente. Ya no podía asistir al Congreso, a una audiencia judicial, observar y hablar directamente con las personas en la calle. Los procesos de verificación son más lentos debido a las estrictas precauciones para proteger a las fuentes o colaboradores en terreno.

Moisés Martínez también lo ejemplifica así: a la redacción de Divergentes le tomó cinco meses construir la historia que revelaron el 31 de julio pasado, sobre la fortaleza y equipo de seguridad que protege a la pareja presidencial; una serie de medidas que se intensificaron luego de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. “Nos toca trabajar con las fuentes para que midan los riesgos y no se expongan. Es una responsabilidad y un gran reto”, sostiene.

La oleada de exiliados salvadoreños

“El exilio de periodistas se dispara en todo el mundo”. Con este titular, la organización Reporteros sin Fronteras publicó el mapa de periodistas en el exilio el 20 de junio de 2026.

El gráfico es apenas una muestra del incremento de la problemática a escala global. En Nicaragua tienen registrado únicamente 22 exilios, la mitad hacia Costa Rica. En el caso de El Salvador, por ejemplo, no están consignados los números que a mitad de 2025 comenzaron a escalar de forma crítica, cuando decenas de reporteros y editores se vieron forzados a salir debido al incremento del acoso judicial, la vigilancia policial y amenazas directas a su integridad física.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Red Centroamericana de Periodistas han brindado apoyo a 53 periodistas que, desde mayo de 2025, se vieron obligados a desplazarse de forma forzada.

Sergio Arauz, presidente en funciones de la APES y subjefe de redacción del periódico digital salvadoreño El Faro, tuvo que enfrentar su propio exilio al tiempo que coordinaba el apoyo y la protección para sus colegas obligados a salir del país.

Un poco más de un año después, reflexiona sobre cómo ha procesado la nueva realidad laboral. “Perdés un acceso importantísimo a información en el territorio, porque perdés un país, básicamente. Pero, viendo lo positivo dentro de lo perverso, el balance personal que yo hago es que ganás libertad de decir sin miedo. Claramente, te quitás un tapón de la boca”, señala Arauz.

La autocensura es uno de los mecanismos que muchos periodistas y medios salvadoreños han tenido que poner en práctica, desde hace algunos años, para evitar los ataques digitales y algún tipo de represalia estatal.

En el caso de El Faro, hubo una decisión de trasladar las operaciones administrativas a Costa Rica en 2023, tras la intensificación del acoso fiscal y legal. Sin embargo, la ola represiva que el gobierno desató en mayo de 2025 contra defensores de derechos humanos, sumada a las advertencias que recibió la redacción sobre posibles órdenes de captura, terminó por forzar también al exilio de buena parte de su equipo periodístico. Actualmente, continúan publicando bajo un esquema de cobertura remota.

“El Faro tiene ojos y oídos en El Salvador y eso le da la posibilidad de mantenerse vigente”, insiste Arauz. Este veterano periodista añade que el oficio en el país sigue vivo gracias al compromiso de los profesionales que continúan afuera y, en el territorio, ejerciendo una labor ética.

¿De qué depende que en El Salvador no se apague la llama informativa? Sergio Arauz da una respuesta doble: “Creo que depende de la capacidad de resistir de las personas que hacen periodismo y de las instituciones que defienden el periodismo.”

Resistencia y sostenibilidad

Antes de que terminara el agitado mayo de 2025, el congreso salvadoreño dominado por el partido oficial del presidente Nayib Bukele aprobó la Ley de Agentes Extranjeros. Dicha ley impuso un impuesto del 30 % sobre los fondos que las organizaciones de la sociedad civil reciben desde el exterior. Esto ha generado el cierre de al menos cinco organizaciones o el traslado de las operaciones hacia a otros países, según el informe “Un año de periodismo bajo persecución y exilio”, de la APES.

Estas nuevas exigencias se combinaron con otro golpe al modelo de gestión que habían sufrido meses antes los medios independientes, no solo en El Salvador: el cierre de los programas de cooperación que canalizaban fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Ante esta situación, iniciativas como la Red Latinoamericana de Periodistas en el Exilio (RELPEX), de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ha activado mecanismos de acompañamiento y monitoreo para proteger a los comunicadores que enfrentan el desplazamiento forzado. En su registro, cuenta ya con 467 personas periodistas inscritas en la RELPEX. La SIP también capacita y visibiliza los patrones de persecución que azota a las redacciones de la región, especialmente las que conviven con regímenes autoritarios.

Al igual que otras instituciones, la RELPEX ofrece fondos de emergencia, asistencia legal y sicológica oportuna a quienes lo soliciten. Sin embargo, uno de los programas que ha marcado la diferencia es el de empleabilidad, el cual tiene tres vertientes de ejecución: estipendio mensual, fondos de producción y becas de producción periodística.

“Si bien muchos recursos se destinan a otro tipo de aproximaciones en la atención al ecosistema de medios, las transferencias directas se han probado necesarias para mejorar el bienestar de las personas periodistas, algo básico para que siga existiendo periodismo independiente en estas condiciones adversas”, expone Mariana Belloso, coordinadora de la RELPEX.

Divergentes, la plataforma de noticias e investigaciones sobre Nicaragua y Centroamérica, ha sido uno de los 13 medios beneficiados por este programa de empleabilidad. En El Salvador, la iniciativa le ha permitido a Voz Pública mantener una agenda de trabajo orientada al fact checking o verificación del discurso público, una de las apuestas informativas que ha caracterizado a este medio salvadoreño desde su fundación, hace seis años. “Son programas muy bien diseñados. Nos ayudó muchísimo contar con recursos, de manera ágil y oportuna, para que el periodista pueda seguir haciendo su trabajo”, afirma Wendy Monterrosa, directora de Voz Pública.

Tal como lo señaló Arauz anteriormente, este tipo de financiamiento muestra el rol determinante que juegan la asistencia técnica y los fondos de cooperación para evitar el colapso del ecosistema digital mediático regional; un factor operativo que se complementa con el compromiso de las redacciones por mantener la fiscalización del poder, aun en contextos asfixia y persecución.

“La sociedad salvadoreña no tiene absolutamente nada, ninguna garantía, ni derechos, ni libertades y lo único que la gente tiene ahora mismo con este gobierno autoritario y represivo es el periodismo independiente. Si el periodismo independiente se elimina, la gente ya no va a tener absolutamente nada”, expresó de forma tajante Monterrosa.